Perdemos empresas, perdemos empleos.

Cuando, desde el Partido Riojano afirmamos que La Rioja esta perdiendo y desmantelando su tejido industrial, de forma tan veloz como alarmante, no estamos haciendo una afirmación alarmista ni exagerada, sino que estamos basándonos en hechos y, sobre todo, en datos objetivos, que son ratificados por las propias instituciones empresariales riojanas, y son perfectamente contrastables con los datos oficiales que publica el propio Gobierno de España. Según esos datos publicados tanto por el Instituto Nacional de Estadística, como por el propio Instituto de Estadística de La Rioja, durante los últimos años La Rioja ha perdido un total de 1.520 empresas. Pero cuando analizamos los datos sobre la tipología de esas empresas, el drama al que nos enfrentamos todavía es mayor.

Quien quiera analizar únicamente la evolución de las empresas, se dará cuenta de que el número de las creadas en los dos últimos años, es sensiblemente mayor al de las destruidas, -562 frente a 317-, y podría pensar que esos datos son suficientes para ratificar el persistente mensaje del Gobierno de La Rioja que afirma que la economía está creciendo y que se está dejando notar en la generación de riqueza y la creación de empleo. Sin embargo, cuando analizamos los distintos segmentos en los que se mueve ese censo de empresas, nos damos cuenta de que la situación es verdaderamente alarmante ya que esas 562 nuevas empresas se han creado en el segmento de entre 1 y 5 asalariados, mientras que las 317 destruidas lo hacen en el de entre 6 y 49 asalariados.

Como se puede apreciar, la mayoría de las empresas que hemos perdido son PYMES, pequeñas y medianas empresas de carácter familiar la mayoría de ellas, que son precisamente en las que siempre hemos fundamentado los pilares de nuestra economía y de nuestro tejido empresarial. De hecho, si hacemos un cálculo sobre la media de creación o destrucción de empleo de estas empresas, es fácil darse cuenta de que se destruyen muchísimos más empleos de los que se crean. Es evidente que las nuevas empresas de entre 1 y 5 trabajadores son en su mayoría empresas unipersonales, integradas principalmente por autónomos que tratan de buscar en la creación de su propia empresa o pequeño comercio, un futuro a la desesperada que, lamentablemente, fracasa en muchos más casos de los que sería deseable.

Detrás de cada uno de estos cierres, se escriben multitud de historias dramáticas que no solo afectan a los trabajadores que han perdido su empleo, sino que también afectan, y mucho, a los pequeños empresarios que, en la mayoría de los casos lo han perdido todo en una aventura empresarial en la que, casi todos ellos, solo han contado con Pedro Sanz el día de la inauguración para hacerse la foto de rigor para sus publireportajes.

Estas cifras subrayan el fracaso del consejero de Industria, Javier Erro. Desde el Partido Riojano venimos llamando la atención, desde hace varios años, sobre la gravedad de esta situación y reclamando un cambio de rumbo radical en la política industrial de La Rioja e incluso un cambio de responsables en la consejería de Industria ante la absoluta incapacidad demostrada por quien es su máximo responsable desde hace años, ya no solo para atraer inversiones, sino para mantener las existentes. Un consejero que hace poco más de un año, contrató a una empresa amiga del PP a la que le pagó más de 200.000 euros para que le dijera cómo atraer inversiones a La Rioja porque él no sabía como hacerlo. El resultado es que no solo no ha venido ninguna, sino que siguen cerrando mientras se gasta el dinero en mantener ese entramado de empresas que siempre están tan cerca del PP.

La Rioja ha perdido la fuerza inversora al no tener ningún plan específico y al no disponer de más estrategia que la que defiende el Consejero del ramo, Javier Erro, que consiste en contratar publicidad y en dorar la píldora a los que ya están instalados, pero sin aportarles soluciones a los problemas a los que se enfrentan a diario. La parálisis y la autocomplacencia del Gobierno de Pedro Sanz han provocado que La Rioja pierda el atractivo empresarial con el que contábamos. Nuestra región no genera confianza empresarial, nuestro Gobierno, no es de fiar, porque ni siquiera paga lo que promete y eso se conoce en el sector.

Yo no sé si todavía estaremos a tiempo de reaccionar, pero es evidente que estos datos que acaba de publicar el INE sobre la situación industrial en La Rioja son absolutamente escalofriantes y deberían obligar al Gobierno a reaccionar de inmediato.

(Publicado en Diario La Rioja el 24 de agosto de 2014)

03

09 2014

¿Quién gana con el monopolio de VIAMED en La Rioja?

Hace un par de semanas informé sobre las amenazas que había recibido por parte de la empresa privada VIAMED SALUD S.L., como respuesta a unas declaraciones mías en las que informaba a la opinión pública y a los riojanos del negocio privado que se estaba haciendo con la sanidad pública en La Rioja, y que VIAMED SALUD S.L., considera que pueden causarles un grave daño a su reputación y a sus intereses patrimoniales y este, a mi juicio, descarado proceder, hubiera quedado en anécdota de no ser porque dos semanas después, me he encontrado con la sorpresa de que la gerente del Servicio Riojano de Salud, Mª Luz de los Mártires Almingol, al igual que la empresa privada, también me ha remitido un requerimiento exigiéndome una rectificación inmediata de mis declaraciones y advirtiéndome que, de no hacerlo, seré responsable de un “gravísimo daño” en su reputación y en su patrimonio.

Lo de la reputación, la verdad es que no lo entiendo muy bien porque yo creo que es ella misma con su comportamiento diario y su actitud prepotente hacia los trabajadores públicos, la que se ha encargado de construirse una reputación que no creo que pudiera ser dañada por ninguna crítica política, pero lo que de verdad me ha sorprendido es que ella misma en su escrito de requerimiento, reconozca que mis discrepancias públicas con la política de privatización de la sanidad pública riojana que  tanto ella como su esposo, el Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, están desarrollando en nuestra comunidad, le están causando un “gravísimo” daño en su patrimonio.

Desde luego que puedo entender esa queja por parte de una empresa privada que ha terminado constituyendo en La Rioja un pequeño monopolio sanitario gracias al dinero público que, sin ningún tipo de concurrencia pública, le adjudica todos los años el Gobierno de Pedro Sanz.   Adjudicaciones que, para más inri, se resuelven en el ámbito del marido de la Sra. de los Mártires y que, técnicamente, controla el Secretario General Técnico de la Consejería de Salud cuyos familiares también trabajan para la misma empresa privada.  Pero que un cargo político, de libre designación, como lo es la Sra. de los Mártires, diga que mis críticas hacia su política perjudican gravemente sus intereses patrimoniales, la verdad que es algo que no puedo terminar de entender.

A estas alturas creo que nadie duda de la existencia de una red de empleo e intereses económicos tejida entre el PP y la empresa VIAMED, a través de la que los amigos y familiares de los dirigentes del Partido Popular, suelen encontrar acomodo en esta empresa que vive gracias al dinero público y en la que los familiares directos del Consejero de Salud, de su esposa, la gerente del SERIS; del Secretario General Técnico de Salud e incluso los colaboradores directos del presidente Sanz, ocupan puestos de trabajo desde los que, además, utilizan los datos privados de las listas de espera públicas del SERIS, para desviar pacientes a la empresa privada.  Pacientes públicos que se desvían, bajo la responsabilidad final de la gerente del SERIS, hacia la empresa en la que, entre otros, su propio hermano no solo trabaja sino que ocupa un puesto relevante, y que son los que proporcionan los ingresos de dinero público que ayuda a la empresa VIAMED SALUD S.L.  a mantener esa red de intereses económicos y laborales que ha tejido con la actuación indispensable de la gerente del SERIS, Mª Luz de los Mártires, y de su marido, el consejero de Salud, José Ignacio Nieto.

Claro que, hasta ahora,  cuando yo hablaba de interese económicos me estaba refiriendo siempre al ejercicio de una política pública basada en el desmantelamiento de las áreas más rentables de la asistencia hospitalaria pública, con el único afán de privatizarlas y de que, además, esa privatización recaiga siempre en las manos de la misma empresa cuyas cuentas de resultados no dejan de engordar gracias al dinero público. Pero el reconocimiento explícito de la gerente del SERIS de que mis críticas perjudican sus intereses patrimoniales, aviva el creciente rumor que circula no solo por ámbitos sanitarios sino también por ámbitos económicos que sostienen que altos dirigentes políticos de nuestra Comunidad Autónoma, encabezados por el presidente Sanz o por alguno de sus familiares directos, participan de los beneficios de esta empresa privada a través de algún gestor de fondos de inversión y otros productos financieros localizados en el extranjero.

Si. Ya sé que el propio presidente me negó esta posibilidad cuando le interrogué en el Parlamento, pero no es menos cierto tampoco que acusaciones mucho más graves se han negado por parte de los dirigentes del PP y finalmente han resultado ciertas y por eso mismo, cuando vi que la propia gerente del SERIS reconocía que mis críticas perjudicaban gravemente sus intereses patrimoniales, ha sido ella misma la que me ha hecho pensar que…, como dice mi amigo Miguel Ángel Revilla: “blanco y en botella…”

Porque, claro, no estamos hablando de poca cosa, ¿eh?. Hay que tener en cuenta que solo este año 2014, más del 23 % de todo el dinero público destinado en La Rioja  a sanidad, va a parar a manos de esta empresa privada en unas circunstancias de las que el Gobierno de La Rioja y la propia gerente del SERIS se niegan a informar.  Sigue llamando mucho la atención que, en solo cuatro años, el Gobierno de La Rioja presupuestara 43.530.894 euros para destinarlos a convenios con la sanidad privada, y que, sin embargo, sin ningún tipo de explicación ni justificación, al final de ejercicio, esos 43 millones de euros se convirtieran en 55.432.664 euros de los que, casi la mitad, en concreto 24.314.451,84 euros fueron a parar, exclusivamente, a la Clínica Los Manzanos de Logroño, uno de los cuatro centros propiedad de VIAMED SALUD, S.L. en La Rioja.  Y este es el día en el que todavía nadie nos ha explicado las razones que justifican este incremento de casi 12 millones de euros de más que se han entregado al entramado de centros que integran la empresa privada VIAMED SALUD S.L.

De lo que tendrían que preocuparse tanto la Sra. Mª Luz de los Mártires como su marido, el Consejero de Salud, es de dar cumplida respuesta a todo lo que los ciudadanos riojanos queremos saber sobre la gestión de nuestros recursos públicos y de facilitar toda la información que les solicitamos en lugar de amenazarnos con lo tribunales para tratar de amordazar nuestros derechos parlamentarios y ciudadanos.

Y, por supuesto, lo que tendría que hacer la Sra. de los Mártires, en lugar de amenazarme por denunciar que una empresa privada está haciendo el agosto con el dinero público que, principalmente, sale de la consejería de su marido, es explicar los motivos por los que esa crítica afecta a sus intereses patrimoniales e incluso aportar su propia declaración patrimonial porque, insisto, es ella y no yo, quien reconoce el perjuicio que mis críticas generan en su patrimonio personal.

Mientras esto no suceda, mientras el presidente Pedro Sanz y sus colaboradores no expliquen con claridad la relación de privilegio que la empresa VIAMED mantiene con los principales dirigentes de la sanidad pública riojana y de la extrema derecha española,  pienso continuar exigiendo toda la información que considere oportuna para saber en qué y en quién se gasta el dinero público. Voy a seguir pidiendo toda la información para saber en qué términos se realizan los negocios entre el Gobierno de La Rioja y VIAMED SALUD S.L. y poniendo en conocimiento público todo lo que considere que es de interés para los ciudadanos a los que represento y denunciando todo lo que considere que tengo que denunciar.

Cuanto más firme es su silencio más evidente parece que es el interés económico y no el sanitario el que prevalece en el empeño del PP en favorecer a VIAMED con el dinero de la sanidad pública.

Cuanto más firme es su silencio, más escandalosas resultan las relaciones de familiares y de amistad entre los más altos dirigentes de la sanidad pública riojana y el personal en nómina de VIAMED.

Cuanto más firme es su silencio, más sospechoso y bochornoso resulta que los dirigentes políticos sostengan que  mis críticas sobre la relación de la administración con una empresa privada, afectan a su patrimonio personal.

Soy consciente de que tanto el Gobierno como VIAMED son , política y económicamente, muy poderosos pero, con sus amenazas y presiones, no van a conseguir que deje de denunciar sus manejos y de exigir que el dinero público se gaste en la sanidad pública y no en el negocio privado de una empresa que contrata a los amigos y parientes de los políticos del PP.

27

07 2014

Cursos de formación: muchas preguntas sin respuesta.

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El pasado mes de abril comencé a denunciar la existencia de diversas irregularidades detectadas en la realización de los cursos de formación para trabajadores y desempleados. Irregularidades que, según indican todos los datos de que disponemos, son responsabilidad exclusiva de una mala gestión por parte del Gobierno de La Rioja y, en concreto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Hasta el momento, todo lo que se ha conocido sobre esta complicada cuestión de la gestión administrativa de los cursos de formación, se ha conocido gracias a las sucesivas denuncias que , como presidente del Partido Riojano, he venido  realizando y que han obligado al Gobierno de Pedro Sanz a ir admitiendo, poco a poco, con cuentagotas, todas y cada una de nuestras acusaciones.

Pero todavía quedan muchas cosas por saber, quedan muchas preguntas sin respuesta que sigo empeñado en descubrir.  Los ciudadanos tenemos derecho a conocer en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos; pero también tenemos derecho a conocer cómo se gasta y qué beneficio público obtiene la sociedad de ese gasto.  Las prisas del Gobierno de Pedro Sanz por hacer el reparto de los fondos europeos antes de las pasadas elecciones del año 2011 son las que han provocado una situación que va a suponer un perjuicio de millones de euros para muchos riojanos que confiaron en un gobierno que se ha demostrado incapaz de gestionar con equidad, justicia y sabiduría los recursos públicos.  Unos recursos públicos que, más de una vez, ha quedado demostrado que se han utilizado para lucro personal o colectivo de los dirigentes del PP, cuando no para lucro de su propia organización.

 

 

 

 

16

07 2014

Cursos de formación: un escándalo que va creciendo.

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12

06 2014

La Universidad no tiene quien la defienda…

Imagen de previsualización de YouTubeHe dejado pasar un tiempo más que suficiente para dar lugar a que el propio Presidente Sanz expresara su arrepentimiento, pidiera disculpas e incluso pudiera aclarar las graves acusaciones que vertió sobre la Universidad riojana cuando acusó al Secretario General del PSR de no ser el autor de su tesis doctoral. He dejado transcurrir también tiempo suficiente para que fuera la propia comunidad universitaria la que saliera en defensa de su propio prestigio, pero en vista de que nada de eso sucede no he querido dejar que pase más tiempo sin exigir una rectificación pública al Presidente del Gobierno o una defensa cerrada por parte del Rector de la Universidad.

Porque, al contrario de lo que expresaba César Luena en su blog, no estamos solo ante un atentado contra su honor y su integridad personal y académica. Además de eso, estamos ante un grave atentado contra el honor y la integridad académica de la propia Universidad de La Rioja que, increíblemente, todavía no ha dicho ni una sola palabra al respecto.

Hay que tener en cuenta que el Presidente del Gobierno de La Rioja, como tal, es la máxima autoridad educativa de nuestra Comunidad Autónoma. Es él, como Presidente, quien avala la estrategia educativa de la Universidad de La Rioja y quien, todos los años, en nombre de su Majestad el Rey, inaugura el curso universitario de nuestra todavía joven universidad. Por eso no puede pasar desapercibido que afirme que, en la Universidad de La Rioja, las tesis doctorales se realizan por encargo y acuse a los catedráticos de la UR de colaborar en la falsificación de las tesis doctorales, poniendo en entredicho la calidad de sus doctores y la validez de sus titulaciones.

Porque, además, si eso es así, lo que debería hacer es ponerlo de inmediato en manos de la Justicia. En lugar de eso, lo que hace Pedro Sanz es airearlo a los cuatro vientos utilizando en su propio beneficio una supuesta información para tratar de desprestigiar a un adversario político sin importarle en absoluto que con ello, consiga también arrastrar por el fango el buen nombre de la universidad que tanto esfuerzo nos ha costado crear y mantener.

No hace todavía un mes que asistíamos perplejos a un debate parlamentario en las Cortes en el que el PP presentó una resolución en la que se viene a decir que la Universidad de La Rioja tiene un importante exceso de personal y que su oferta docente es muy superior a la demanda social. De inmediato expresé el firme compromiso con una Universidad que, si existe es en gran parte por el empeño político que en su día pusimos desde el Partido Riojano en conseguirla y critiqué lo que, en un principio, parecía inaugurar una estrategia del PP para justificar una reducción del tamaño de la UR e incluso su desaparición. El silencio que todavía hoy siguen manteniendo los diputados y senadores riojanos del PP sobre este asunto, está dando a entender que están de acuerdo con el contenido de la resolución que aprobaron en las Cortes y que, en consecuencia, respaldan la idea del PP de redimensionar el volumen y la oferta educativa de la UR.

Si a esto le unimos estas recientes y brutales acusaciones del propio Presidente del Gobierno con las que pone en entredicho la profesionalidad y la ética docente de los catedráticos de la Universidad de La Rioja, la calidad de sus doctores, la honestidad de sus profesores y la validez de sus titulaciones, no puedo dejar de pensar que, efectivamente, puede existir una campaña de desprestigio organizada desde el propio Partido Popular, para acabar planteando una redimensión de los estudios universitarios en La Rioja.

Por supuesto, no quisiera que esta situación que empieza con una resolución del PP en las Cortes y sigue con una aparente disputa entre los líderes de los dos principales partidos, termine con la redimensión de los estudios universitarios o incluso con la desaparición de la propia Universidad. Y por ello considero también que se debe exigir la inmediata intervención pública del Rector de la Universidad de La Rioja que, a estas alturas, es absolutamente inaudito que siga callado mientras se vilipendia y humilla el buen nombre de su Universidad y el prestigio de sus catedráticos y doctores.

No puede haber nada que justifique el silencio del Rector, salvo que se vea obligado por compromisos personales con el propio Pedro Sanz o por compromisos políticos que, en ningún caso y bajo ningún concepto, pueden prevalecer sobre su condición de Rector.

Es inconcebible que, a estas alturas, ni el Consejero ni, sobre todo el Rector, hayan dicho una palabra sobre estas acusaciones. Es inconcebible que todavía ninguno de ellos haya anunciado una investigación seria en el seno de la Universidad para atajar cuanto antes esta polémica y afrontar de inmediato las acciones judiciales y académicas que sean necesarias para salvaguardar el buen nombre y el prestigio de la Universidad.

Cada día resulta más evidente que, el camino de corrupción impuesto por el régimen caciquil de Pedro Sanz, ha empezado a encontrar obstáculos y resistencia y el propio Sanz comienza a sentirse acorralado por sus propias acciones y ante eso, reacciona golpeando con saña y prepotencia a todo lo que se le pone por delante. Pero por mucho que sea el Presidente, los riojanos no deberíamos permitir que en su desesperada huída, se lleve por delante todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo durante estos últimos 30 años.

De todo ello, uno de los logros más importantes, por lo que significa para el futuro de La Rioja, es la Universidad y por eso no podemos permitir que nadie arremeta gratuitamente contra ella con la única excusa de buscar su propia salvación.

08

05 2014

Transparencia y buen gobierno…

Transparencia

Debatíamos el pasado miércoles en el Pleno del Parlamento de La Rioja el Proyecto de Ley de “Transparencia y buen gobierno” que fue presentado ante los diputados por la Consejera de Hacienda con unos argumentos que, poco a poco, me fueron encendiendo hasta llegar a molestarme.

Iba desgranando la Sra. Consejera, hablando en nombre del Gobierno, una serie de ejemplos de cómo la transparencia, el ejercicio del gobierno abierto y la participación ciudadana presidían todas las actuaciones del equipo que dirige Pedro Sanz y terminó su alocución proclamando que si algún diputado no apoyaba con su voto ese proyecto de Ley es porque había perdido el juicio.

Mi compañero y yo habíamos decidido ya, no apoyar el proyecto de Ley y por ello habíamos presentado una enmienda a la totalidad, y las palabras de la consejera me hicieron reflexionar. Pensé en si era posible que cualquier ciudadano llegara a pensar que, efectivamente, habíamos perdido el juicio por no respaldar una Ley que, según su título, perseguía conseguir la transparencia, el buen gobierno y la participación de los ciudadanos en la vida pública…, al poco rato, dándome cuenta de quién me estaba diciendo eso y, sobre todo, en nombre de quién me lo decía, llegué a la conclusión de que era preferible haber perdido el juicio que la vergüenza.

Sin ninguna duda, la transparencia y el derecho del ciudadano a la información son piezas indispensables para hablar de regeneración institucional, para hablar de democracia en mayúsculas y estoy seguro de que no existe vacuna más segura contra la corrupción que la transparencia. Pero el problema es que el Proyecto de Ley que presentó el Gobierno es un simple placebo, una vacuna sin efecto que, en el mejor de los casos, solo conseguirá servir para justificar el incremento del Gobierno en su conocida actividad propagandística que supone, precisamente, la antítesis de la transparencia y el buen gobierno; es decir, solo servirá para incrementar la desvergüenza de un Gobierno que plantea su modelo de transparencia y participación como un mecanismo que les permite presentar una cara amable y abierta de la gestión de la administración, pero que, a la hora de la verdad, no permite a los ciudadanos fiscalizar realmente las decisiones políticas de forma directa. Únicamente regulan las condiciones de acceso a determinados ámbitos en los que los ciudadanos podrían llegar a culminar ese derecho, pero ni reconocen, ni ponen a su alcance un derecho real y pleno de acceso a la información que, en cualquier caso, siempre dependerá del criterio subjetivo del Gobierno de turno.

Por supuesto que yo no voy a negar que La Rioja necesite regular el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pero, lamentablemente, el texto que presentó el PP no plantea este derecho como un derecho fundamental que pueda ser ejercido por cualquier persona, sino que, muy al contrario, lo presentan como una simple extensión de los derechos de los ciudadanos como administrados. Ese simple matiz en la concepción del texto legislativo ya invalida a mi juicio, la totalidad de su contenido.

Desde el PP presentan el derecho a la información y la transparencia como un derecho administrativo cuando es evidente que la información pública no es del Gobierno. La información pública, es de los ciudadanos, nos pertenece a TODOS los ciudadanos, no solamente a los políticos y, mucho menos, a unos pocos políticos.

Por supuesto que yo soy de los que piensan que la transparencia no solo es garantía de calidad en la gestión de los recursos públicos, sino que también es garantía de calidad democrática. Y creo que esa calidad democrática es mucho más fuerte y creíble, si se sustenta en el respeto a los legítimos representantes del pueblo riojano que son los diputados. Y, ¡claro!, ¿cómo voy a creerme la voluntad de transparencia y de garantía del derecho de acceso a la información, por parte de un Gobierno que diariamente pisotea el derecho a la información de los diputados? ¿Cómo voy a creer la voluntad de cumplimiento de esa Ley que presentaba la Consejera, por parte del mismo Gobierno que, con su constante vulneración de otra Ley que es el Reglamento del Parlamento, ha terminado inventando un nuevo concepto jurídico que se podría conocer como prevaricación democrática?

Pedro Sanz y su Gobierno incumplen todos los días, de forma consciente, los deberes que tienen encomendados como servidores públicos y firman resoluciones de información que saben que son injustas, e incluso falsas en algunas ocasiones, a sabiendas de que lo son. Esa es la definición del delito de prevaricación. Y en su obligación de facilitar a los diputados la información que reclaman, ejercitan a diario esa prevaricación democrática, ¡ese delito contra la democracia!

Por eso acabo pensando que si los ciudadanos van a tener la misma suerte que los diputados cuando quieran acceder a la información, pues es mejor que no legislemos y nos ahorremos este viaje.

¿Por qué deberíamos pensar que esta Ley de Transparencia va a ser más efectiva con los ciudadanos? ¿Va a tener un ciudadano, con esta Ley, acceso a los informes de la ADER que se nos niegan a los diputados? ¿Van a poder conocer las auditorías de la ADER, o del IRVI o de VALDEZCARAY que se nos niegan a los diputados?; ¿Van a poder conocer lo que el Gobierno ha gastado en alquiler de aviones privados?; ¿Van a saber el número de vuelos y destinos de los viajes de avión que se han pagado con fondos del Gobierno?; ¿Van a tener acceso a las sentencias por despidos improcedentes?; ¿Van a poder consultar las condenas judiciales que acumula el Gobierno de La Rioja?; ¿Van a saber cuánto se paga y a quién se paga por redactar los discursos del Presidente del Gobierno y del Sr. Erro?; ¿Van a conocer los ciudadanos la cantidad de dinero que el Gobierno se gasta en los medios de comunicación nacional?, ¿En ABC o en Intereconomía, por ejemplo?; ¿y en los medios locales? ¿Van a tener acceso a la información de todas las obras, adjudicaciones, premios, contratos o subvenciones que le ha dado el Gobierno de La Rioja al mismo arquitecto que le ha cobrado solo 800 euros por hacer la sede del PP?

Estoy deseando que entre en vigor esta Ley para ver si a través de ella los ciudadanos conseguimos conocer las cantidades que VIAMED ingresa anualmente de los recursos públicos; para conocer sus presupuestos y toda su participación accionarial, para que así no tengamos ninguna duda sobre la posible participación del Sr. Sanz y su familia en el accionariado.

Pero, claro, me temo que todo esto seguirá estando en ese lado oscuro de la información que tanto protege el Partido Popular.

Y por eso me preguntaba el otro día si realmente el Parlamento está preparado para aprobar esa Ley. Aunque igual sería más acertado preguntarnos si es el PP quien no está preparado para aprobar la Ley. Porque, claro, llevan 20 años manejando las instituciones a su gusto y para su beneficio partidista y particular y a lo mejor esta Ley no está pensada para ellos. Porque el Partido Popular debería contestar también algunas preguntas para demostrar verdaderamente que quiere ser transparente, que decididamente apuesta por contestar aquellas cuestiones que realmente quiere saber la gente, como por ejemplo, ¿Cómo puede ganar un tesorero de un partido político 38 millones de euros de forma limpia? ¿Por qué Carlos Cuevas le dio 200.000 euros a Luís Bárcenas para que los blanqueara para poder comprar la sede de Logroño? ¿Qué políticos del PP en La Rioja han cobrado sobresueldos, de manos del tesorero del PP?

O, ¿Cómo hizo el Presidente Sanz para pagar 14.946 euros por unas obras de conversión de su caseta de aperos en un chalé con piscina, cuando, como mínimo, cuestan 80.423? ¿Sabremos algún día cómo consiguió pagar al ayuntamiento 234’50 euros, cuando la liquidación tributaria por esas obras en Villamediana, debería haber sido diez veces más alta?

Ojala esta Ley sirviera para resolver definitivamente el famoso fraude del viñedo. Tanto que se habla del fraude de los ERE en Andalucía… Pues aquí también tenemos un escándalo fraudulento con las autorizaciones de viñedo ilegal en las que participaban los propios dirigentes del Gobierno, pero ¡ya ven!, los riojanos no tuvimos la suerte de contar con un juez tan entregado a la causa como la Jueza Alaya y, al final, el fraude terminó en agua de borrajas, los responsables políticos siguen en su puesto y las decenas de miles de euros que se estafaron, ha desaparecido definitivamente.

A lo mejor, si esta Ley hubiera estado vigente hace solo unos pocos años, los ciudadanos habrían podido saber qué es lo que estaban haciendo los representantes de algunos partidos con sus ahorros. A lo mejor habrían sabido que entonces algunos estaban muy ocupados encubriendo y tapando lo que estaba sucediendo en CajaRioja y así hubieran podido evitar que les robaran con las cláusulas suelo, con las preferentes y con los abusos que han estado cometiendo en los últimos 20 años.

Los escándalos retratan al régimen caciquil impuesto por el Presidente Sanz y hoy en día, para todos los riojanos, el “sanzcismo” es sinónimo de opacidad y de corrupción. El “sanzcismo” es sinónimo de chantaje, de extorsión, de amenazas, de miedo y de falta de transparencia. Por eso creo que han perdido la vergüenza presentando este Proyecto de Ley, porque está claro que con esta “Ley de Transparencia y buen gobierno” que nos presentó la consejera de Hacienda del Gobierno de La Rioja como el paradigma del acceso libre de los ciudadanos a la información que es suya y de nadie más, no se conseguirá responder ni una sola de estas preguntas. Porque es una ley donde, de forma deliberada, se mezcla un confuso código de buen gobierno con lo que debiera ser una ley rotunda y clara para regular un derecho fundamental de los ciudadanos. El de acceder y conocer la información de la administración que ellos sostienen.

Por eso no pienso mover un dedo para aprobar “esta” Ley. Es posible que haya perdido el juicio, pero todavía tengo vergüenza. Ya tenemos suficientes engaños como para sumar uno más.

05

05 2014

Presión a los medios

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A principios de este año 2014, ofrecí una rueda de prensa que, como era de esperar, tuvo muy poco eco en los medios de comunicación porque en ella analizaba la liquidación presupuestaria del ejercicio 2012 correspondiente a la Consejería de Presidencia del Gobierno de La Rioja.

 Con aquella rueda de prensa demostré, con los datos en la mano, como el Presidente Sanz y su Consejero de Propaganda, Emilio del Río, engañan todos los años al Parlamento y a los ciudadanos, exhibiendo lo que ellos llaman un “presupuesto franciscano” que, sin embargo, a lo largo del ejercicio, transforman en una auténtica orgía de derroche de dinero público para mayor gloria del régimen caciquil que lideran.

 Que el Gobierno de La Rioja está gastando importantes cantidades de dinero público en publicidad en los diferentes medios de comunicación con el único fin de influenciar en la información que transmiten a la opinión pública, es una evidencia que absolutamente nadie puede discutir.  De hecho, ni siquiera el Gobierno es capaz de desmentirla y, desde el Partido Riojano, calculamos que todos los años se destinan al menos diez millones de euros a lo que el Gobierno llama, eufemísticamente, “políticas de comunicación” que no es sino una forma de manipulación de la opinión pública a través del chantaje y la amenaza a la cuenta de resultados de los medios y las agencias de comunicación.

 La estrategia del Gobierno de Pedro Sanz es presentar al Parlamento un presupuesto con unas partidas ajustadas que, a lo largo del año van modificando a su antojo, sin ofrecer demasiadas explicaciones, para destinar los recursos a lo que realmente les interesa.  Eso hace que el presupuesto que inicialmente autoriza el Parlamento, se parezca muy poco al que finalmente ejecutan y de ahí que, cuando se analiza la liquidación presupuestaria, se obtengan esas cifras tan escandalosas, especialmente en la Consejería de Presidencia.

 Ciertamente, las modificaciones presupuestarias en esta Consejería son curiosas y estoy seguro que todavía serán más curiosas cuando dispongamos de la liquidación definitiva del presupuesto.  De momento, lo que sabemos es que, durante todo el ejercicio pasado, realizó modificaciones por importe de 2.134.806,27 €.

 Merece la pena detenerse en las modificaciones presupuestarias que se hacen en el ámbito de Cooperación, porque aquí, por ejemplo, se elimina la totalidad del dinero presupuestado para investigación básica en Cooperación interregional. Se recorta el 49 % de inversiones en acción exterior y se recorta el 80 % en inversiones de cooperación.  De la partida destinada a divulgación en materia de cooperación y migraciones, se elimina el 83 % del presupuesto. Se recorta también el 17 % de las partidas de cooperación en países en desarrollo y se  recorta un 20 % las transferencias a cooperación al desarrollo. También se elimina el 67 % de las ayudas al gasto a los centros regionales, el 100% destinado a acciones innovadoras en el exterior y el 100 % de la partida destinada para actividades de la comunidad riojana en el exterior.

 Por lo tanto, las bajas proceden principalmente de Cooperación al Desarrollo, de actividades de juventud y deporte, becas deportivas, Protección Civil y de inversiones reales, construcciones principalmente que son las que generan actividad económica y empleo.  Y las partidas que más se incrementan en los diferentes servicios, son precisamente esas partidas opacas en las que se camuflan posteriormente los gastos en propaganda, publicidad y comunicación principalmente.  Emilio del Río presume de austeridad franciscana en la presentación de los presupuestos y sin embargo luego, mediante modificaciones presupuestarias engorda, a costa de los más necesitados, esas partidas opacas que luego utiliza para extorsionar a los medios de comunicación; partidas que presupuesta con poco más de medio millón de euros pero en las que acaba ejecutando más de tres millones al año.

 Como ya he dicho otras veces, la utilización de los recursos públicos por parte del Gobierno es la que decide, en demasiadas ocasiones, la línea informativa en muchos medios de comunicación. Y esto que, a estas alturas, ya no sorprende a casi nadie en los medios públicos, empieza a ser también insoportable en los medios privados que están diariamente sometidos al chantaje y la extorsión del Consejero Emilio del Río que es quien decide titulares, contenidos, e incluso quién puede o no aparecer en los distintos medios de comunicación.

 Las modificaciones presupuestarias que se acaban de conocer no solo son una prueba evidente de esto sino que, lo que es más doloroso, demuestran que la procedencia de los recursos llega de las partidas que, inicialmente, deberían destinarse a cooperación al desarrollo, a colaborar con las más pobres de entre los pobres.

 No tengo palabras para calificar ese comportamiento cuando además se hace de tapadillo al mismo tiempo que se prodiga en ruedas de prensa, que cubren esos mismos medios, en las que se alardea de forma obscena de los recursos que los riojanos destinamos a cooperación.  Un poquito de decencia no creo que sea mucho pedir, especialmente a estos cristianos de boquilla que luego se rompen el pecho asistiendo a todas las procesiones.

29

04 2014

El tren pasa de largo en La Rioja.

 viasA nadie se le escapa el hecho de que, en el Partido Riojano, una de las cosas que más nos viene preocupando a lo largo de los últimos años es el aislamiento al que poco a poco se va condenando a nuestra Comunidad debido a la falta de planificación e inversión en materia de infraestructuras por parte de los últimos gobiernos del Estado y la lamentable sumisión que, en este sentido, viene demostrando el Gobierno de La Rioja.

Desde el Partido Riojano denunciamos de manera constante ese aislamiento que se acentúa con el hecho de que, en las regiones de nuestro entorno, no se están frenando las inversiones, sino todo lo contrario, lo que provoca que la situación sea cada día mas grave. Hace poco más de un mes, desde el Partido Riojano advertíamos de que el Ministerio de Fomento había adjudicado casi 1.000 millones de euros para la ejecución de nuevas inversiones en diferentes proyectos de alta velocidad ferroviaria que se distribuían por todo el Estado, a excepción de La Rioja.

Inversiones que impulsaban la alta velocidad en Extremadura con más de 150 millones de euros, en Asturias con 13,1 m€, en Murcia con 18,2 m€; más de 52 millones para la provincia de Castellón dentro del corredor del Mediterráneo o los 641 millones que se destinaban en exclusiva al tramo de alta velocidad entre Madrid y Galicia y los 73 millones para Castilla y León en los tramos que afectan a Valladolid, Palencia y Burgos para conectar con la Y griega vasca. Inversiones que, como vemos, se están realizando en la practica totalidad de CC.AA del Estado salvo en La Rioja, a pesar de que, históricamente, sigue siendo la comunidad autónoma más afectada por la política de marginación en materia de infraestructuras, que han practicado tanto los gobiernos del PSOE como los del PP.

A esa situación hay que sumar las importantes resoluciones que se aprobaron en el reciente Debate sobre el estado de la Nación para beneficiar con total descaro la conexión de la alta velocidad del País Vasco a través del corredor navarro o el impulso a nuevas plataformas logísticas de Arasur o Júndiz, también en el País Vasco, a escasos Km. de nuestra comunidad autónoma.

Unos pocos meses antes, también habíamos advertido de que los Presupuestos Generales del Estado habían aprobado, de tapadillo, una enmienda con la que se aumentó sensiblemente la dotación económica para la alta velocidad por Navarra con 22 millones de euros más de los que inicialmente se habían previsto, con lo que el tramo navarro de alta velocidad pasaba a contar, solo para este año, con 36 millones de euros.

En contraposición a esta clara apuesta por Navarra y el País Vasco, el presupuesto destinado a nuestra comunidad es ínfimo, ya que lo que podría destinarse a La Rioja está dentro del tramo global Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda dotado con poco más de seis millones de euros en su conjunto, de los que nunca se ejecutan los que corresponden al tramo riojano.

El reglamento financiero aprobado por la Comisión Europea ha dejado bien claro a estas alturas, que los riojanos también nos hemos quedado fuera del reparto de los 26.000 millones de euros para inversiones ferroviarias que aportará la Unión Europea que, sin embargo, sí benefician al País Vasco, Navarra o Castilla y León entre otras.

Todas estas decisiones son las que nos hacen pensar en el Partido Riojano, que desde hace mucho tiempo, las verdaderas intenciones del Gobierno de España, tanto las del PP ahora, como las del PSOE en su día, persiguen el claro objetivo de conseguir desviar la alta velocidad por el corredor navarro para conectar la Y griega vasca y salir hacia Europa por Francia.

Pero por si había alguna duda, el Ministerio de Fomento acaba de dejar aún más clara su posición ya que acabamos de descubrir que, aprovechando la Semana Santa, el Ministerio ha sacado a información pública dos nuevos tramos de los cinco en que se había dividido la línea de Alta Velocidad a su paso por Navarra, con lo que queda definitivamente clara su apuesta para los próximos años. Estos dos tramos que acaba de sacar a información pública cubren más de 30 nuevos kilómetros de infraestructura de alta velocidad entre Villafranca y Tafalla, conectando también los municipios de Marcilla, Peralta, Fálces y Olite

Hay que recordar que el tramo 1 que es el que cubre el trayecto Castejón-Villafranca, se encuentra en obras actualmente y está ejecutado en más del 75 % gracias a que cuenta con la financiación del Gobierno de España y a que es el propio Gobierno de Navarra quien redacta los proyectos, una circunstancia que puede afrontar gracias a su particular autonomía que hace más rápida toda la tramitación.

Lo que importa resaltar es que, como reconoce el propio Gobierno de Navarra, estos nuevos tramos que acaba de sacar el Ministerio de Fomento, pertenecen a la línea de alta velocidad Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Hablando en riojano: estamos ante la conexión del corredor mediterráneo con la Y griega vasca a través del corredor navarro. Lo que siempre hemos advertido desde el Partido Riojano.

El tren del alta velocidad está avanzando a buen ritmo para conectarse desde Zaragoza con la Y griega vasca y Francia a través de Navarra y, una vez más, La Rioja se queda en la estacada. Una vez más, La Rioja se queda fuera a pesar de las continuas promesas que en el sentido contrario nos han venido haciendo a los riojanos.

Hay que recordar que, desde el Partido Popular, tanto Pedro Sanz como Carlos Cuevas y desde el PSOE el propio César Luena, siguen vendiendo a los riojanos, una supuesta financiación del tramo riojano de alta velocidad, que saben que no veremos en los próximos 15 años. Es más, gracias a su pésima gestión y a la vergonzosa sumisión que han tenido en sus partidos, es más que probable que ese tren ya no pase jamás por La Rioja.

Por lo tanto, es evidente que el Ministerio está impulsando solo aquellos tramos que tienen el respaldo económico de Europa. Está impulsando sólo aquellos tramos que pactaron tanto el PP como el PSOE en Europa y que ya incluyeron en los presupuestos generales del Estado para 2014.

La realidad es que mientras unos reciben hechos e inversiones, otros desgraciadamente, solo recibimos promesas a largo plazo. Promesas que ninguno de los que las hacen piensan cumplir porque para cuando quieran hacerse ninguno de ellos tendrá la responsabilidad. Recibimos mentiras sin dinero ni presupuesto, mentiras que son amparadas por las falsas promesas del Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y lo que es peor por el líder de la oposición César Luena.

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04 2014

Universidad y autonomía.

URObservo con profunda preocupación la polémica suscitada por las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que, entre otras cosas, estudió el Informe de Fiscalización de ese Tribunal sobre la Universidad de La Rioja en la que, a propuesta del Partido Popular, se aprobó una Resolución en la que se viene a decir que la Universidad de La Rioja tiene un importante exceso de personal y que su oferta docente es muy superior a la demanda social.

Lamentablemente, esta creencia expresada en las Cortes Generales por el Partido Popular, se ha convertido ya en un acuerdo formal, puesto que la Resolución fue aprobada con la mayoría de los votos del PP y, a mi juicio, abre un camino peligroso no solo para la imagen actual de nuestra Universidad, sino especialmente para su futuro.

Si no fuera por la encendida y rápida defensa que de la Universidad riojana realizó de forma inmediata el consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, uno pensaría que el Partido Popular ha regresado a sus orígenes, cuando en los albores del debate político que manteníamos entonces sobre la conveniencia de crear nuestra Universidad, los dirigentes del PP la menospreciaban asegurando que ellos jamás llevarían a sus hijos a una universidad de pueblo.

En cualquier caso, me preocupan las consecuencias que la aprobación de esta resolución puede tener sobre el futuro de la Universidad y me preocupa y me llama mucho la atención el hecho de que los Diputados y Senadores riojanos del PP, no hayan abierto todavía la boca en este asunto y que asistan impasibles a un episodio que tiene más gravedad de la que en un principio aparenta. Me preocupa porque con su actitud y su silencio, están dando a entender que están de acuerdo con el contenido de la resolución que aprobaron en las Cortes y que, en consecuencia, respaldan la idea del PP de redimensionar el volumen y la oferta educativa de la UR. Me preocupa porque se supone que nuestros diputados y senadores deberían estar en las Cortes para defender los intereses riojanos y, en este caso al menos, está claro que lo que están haciendo es precisamente todo lo contrario.

El hecho de que, a estas alturas, ningún diputado o senador del Partido Popular, haya expresado su posición personal respecto al futuro de nuestra Universidad, solo puede poner de manifiesto dos cosas: o todavía no se han enterado de nada y ni siquiera conocían que se había presentado esa resolución, lo que dice muy poco a favor de su competencia y capacidad para representarnos; o lo que todavía sería peor, que están de acuerdo en el contenido de la resolución aprobada por su partido en las Cortes. Y, en ese caso, también creo que deberían explicarnos a todos los riojanos, cuales son los verdaderos planes de futuro que el PP piensa que debe adoptar la Universidad.

Porque todo apunta a que la aprobación de esta resolución sea un primer paso del PP para acabar planteando una redimensión de los estudios universitarios con el fin de evitar duplicidades, rentabilizar los recursos, reducir el déficit público en las administraciones… Es necesario recordar que todas las acciones del PP que han terminado en el desmantelamiento de servicios e instituciones, han empezado así, de una forma aparentemente inocua, desmintiendo una actuación inicial que pasa desapercibida en un primer momento pero que termina en la desaparición del Defensor del Pueblo, del Defensor del Paciente, del Consejo Económico y Social, o en la reducción del Parlamento…

En contraposición con la actitud de avestruz que han adoptado los parlamentarios populares, observo con agradable sorpresa las palabras del consejero de Educación del Gobierno de La Rioja como una sorprendente defensa de la autonomía riojana, cuando afirmaba que “desde Madrid ni se conoce la Universidad de La Rioja, ni pinta nada lo que se diga”. Esa rotundidad del consejero merecería haber salido de las filas del Partido Riojano más que de un miembro del Gobierno, sobre todo porque no deja de tener su punto de contradicción en un momento en el que el Partido Popular parece volver a posiciones jacobinas de centralización de servicios y de reducción de la capacidad de autogobierno de determinadas autonomías.

Y precisamente, este episodio que se acaba de vivir en las Cortes, debería servirnos para darnos cuenta de la importancia de que La Rioja, como comunidad Autónoma que es, disponga de los recursos y de las instituciones necesarias para ejercer como tal. Porque lo que ha sucedido con este episodio de la Universidad, ha venido provocado precisamente por la falta de capacidad de nuestra región para ejercer sus propias competencias. Las cuentas de la Universidad de La Rioja se han analizado por el Tribunal de Cuentas del Estado debido a que nuestra Comunidad Autónoma no ha sido capaz de desarrollar su autogobierno y no dispone de un órgano propio de fiscalización de sus cuentas. Por lo tanto, con esta situación, estamos viviendo un claro ejemplo de las consecuencias que tiene no disponer de instituciones propias de autogobierno y creo que esto nos debería enseñar que si somos Comunidad Autónoma, lo tenemos que ser con todas sus consecuencias y asumiendo todo lo que eso significa. Por lo tanto, esta actitud cicatera que practica el Gobierno de Pedro Sanz con el desarrollo de las instituciones autonómicas riojanas se contradice absolutamente con esa afirmación de su consejero de Educación de que en Madrid no se conoce lo que pasa en La Rioja ni Madrid pinta nada en lo que se decida en La Rioja.

Creo que, a estas alturas, nadie, -ni siquiera las Cortes-, deberían poner en duda la importancia que la Universidad de La Rioja tiene y ha tenido para el desarrollo de nuestra región, tampoco creo que puedan ponerse en duda los esfuerzos realizados por los últimos equipos rectorales y por el propio Consejo Social para adaptar el funcionamiento y la oferta educativa de nuestra universidad a la lamentable y difícil situación económica que estamos viviendo. Es cierto que, en su desarrollo durante estos 25 años, se han cometido también algunos errores pero, objetivamente, pesan más los aciertos y los beneficios y, hoy por hoy, la Universidad de La Rioja, aunque mejorable, mantiene una oferta educativa de calidad que, desde mi punto de vista, responde plenamente a las necesidades de la sociedad riojana.

Esto es algo que todos en esta Comunidad Autónoma, incluidos nuestros diputados y senadores, deberíamos tener absolutamente claro y defender en todo momento y lugar.

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04 2014

Una nueva Ley Electoral para recuperar la concordia.

REFORMA ELECTORALEl reciente fallecimiento del presidente Adolfo Suárez nos ha permitido vivir esta misma semana situaciones verdaderamente paradójicas que debo reconocer que me han sorprendido y  me han hecho pensar en la fragilidad de la memoria colectiva y en la gravedad con que se vive siempre el tiempo presente.

Durante sus funerales, los ciudadanos aclamaban a un político que en su tiempo fue denostado, vilipendiado y repudiado por el mismo pueblo que hoy reclama que su figura sea ejemplo para la actual clase política. Los mismos que en su día tejieron un entramado de maniobras, traiciones y trampas para terminar con la carrera política de quien se consideraba uno de los peores males del país, esta misma semana acudían compungidos a sus funerales poniéndolo como ejemplo del diálogo y el espíritu de concordia que ellos mismos dicen practicar y asegurando que fue el auténtico eje del renacimiento de nuestra nueva Democracia.

Para quien, como yo, tuvo ocasión de asistir en primera persona a la ascensión y caída de Suárez, esta suerte de esquizofrenia colectiva que hemos vivido con sus funerales, me ha hecho pensar que, o bien los ciudadanos son benignos con la historia y con el paso del tiempo todo lo perdonan; o el grado de cinismo y manipulación que vivimos es realmente inconmensurable; o realmente la situación política que vive España en la actualidad es de tal magnitud, que la gravedad que antaño nos pareció tan insoportable como para obligar a dimitir a un Presidente, es considerada hoy por todos como un tiempo dulce que añoramos volver a vivir.

Lo que, en cualquier caso, resulta indiscutible es que, actualmente, estamos viviendo una situación en la que la soberanía popular está constantemente en entredicho ante la evidente falta de participación ciudadana. Es evidente que hemos perdido el interés y la implicación que el pueblo español tenía en la vida política durante los primeros años 80.  Crece de forma imparable el sentimiento de ineficacia y desconfianza en las instituciones democráticas y la posibilidad real de que los ciudadanos participen en la vida pública es, en estos momentos y con las actuales leyes electorales, una pura entelequia a pesar de los numerosos avances tecnológicos que permitirían que esa participación fuera real. Es un hecho indiscutible que, con muchos menos medios, hubo mucha más implicación y participación ciudadana en 1978, cuando los medios que hoy utilizamos con habitualidad eran simple ciencia ficción en la que ni siquiera se había soñado.

Y esto es así debido, principalmente, a la existencia de unas leyes electorales que son absolutamente ineficaces, difíciles de entender y de utilizar por parte de los ciudadanos; que fueron pactadas entonces por las fuerzas políticas, en unas condiciones radicalmente distintas a las actuales; que están basadas y sostenidas en criterios que pudieron ser eficaces en otras circunstancias pero que hoy, teniendo en cuenta el nuevo modelo de sociedad en que vivimos, resultan anticuadas y anquilosadas hasta llegar a extremos ridículos.

Pero la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competencias exclusivas para modificar esas normas que rigen la celebración de elecciones a su Parlamento y, en consecuencia, entiendo que los partidos políticos que actualmente ostentamos la representación parlamentaria, somos los únicos responsables de dar una respuesta eficaz y clara, a esa demanda ciudadana que exige una mayor participación y unas leyes electorales más justas y equilibradas que faciliten una mayor pluralidad política y una mayor transparencia en la gestión de la cosa pública.

La respuesta a esa demanda ciudadana tiene que pasar, al menos, por introducir en el sistema electoral riojano nuevos mecanismos que contribuyan a propiciar un mayor equilibrio en la representación parlamentaria, y hacerlo mediante la reducción del porcentaje mínimo de acceso al Parlamento; a través también de un nuevo sistema de listas abiertas; mejorando el ejercicio democrático en el seno de los partidos obligándonos a incrementar la transparencia y la participación en la designación de candidatos y fomentando la participación electoral con la incorporación de debates en los medios públicos, medidas todas ellas con las que podemos conseguir la adaptación a la realidad social y política que vive nuestra región, introduciendo mejoras que van a propiciar mayor pluralidad y una mayor representatividad del pueblo riojano en su Parlamento.

Esto es lo que defendí en el Parlamento de La Rioja el pasado viernes, convencido además de que nuestra dimensión demográfica y geográfica es ideal para acometer una experiencia tan interesante como esta que, de salir adelante, nos podría llevar a ser ejemplo para el resto de comunidades e incluso para el propio Estado que también están obligados por la exigencia del pueblo soberano, a revisar con urgencia sus normas electorales y de participación ciudadana en las decisiones políticas.

En el contenido de la iniciativa reconozco la asunción como propias de la mayoría de las propuestas que ya se han estudiado en Asturias y Madrid y que, en un alto porcentaje, coinciden con las teorías defendidas por el prestigioso Doctor en Ciencia Política, el riojano Pablo Simón Cosano.  El Doctor Simón Cosano, a pesar de su juventud, creo que es una de las personas con más autoridad y conocimiento en esta materia y tanto los trabajos de reforma que se afrontaron por el Parlamento de Asturias, como los estudios que se están haciendo en la Asamblea de Madrid, han contado con su opinión y recogen gran parte de sus análisis y propuestas y algunos de los trabajos que ha avanzado, creo que con bastante acierto, la Universidad Pompeu i Fábra.

En esta ocasión, yo no podía ser tan necio como para desaprovechar una oportunidad tan valiosa, especialmente cuando además venía de la mano de un riojano, y lógicamente la mayor parte del contenido de la iniciativa parlamentaria que defendí el viernes se fundamenta en estas propuestas que entendemos que están llenas de sentido común. Aunque también existen, como es lógico, otros aspectos que hemos incorporado como consecuencia de nuestra propia experiencia y de las peculiaridades sociopolíticas que tiene La Rioja, pero no creo que lo importante en este caso sea descubrir la paternidad de cada una de los puntos que contiene la propuesta sino aprovechar la oportunidad que puse encima de la mesa para abrir este debate sobre la utilidad de la reforma de la Ley Electoral riojana.

Estoy convencido de que es una propuesta sensata, con la que únicamente perseguimos alcanzar una mayor calidad democrática a través de unas medidas que, estoy seguro, conseguirían un mayor equilibrio en la representación ciudadana y mayor transparencia y facilidad para que los representantes del pueblo riojano, rindan cuentas reales de su trabajo ante sus electores.

Lástima que el PP no quiera entrar en este debate y siga empeñado en defender que la mejor forma de acercar la política al ciudadano es reducir el número de escaños e impedir que el pueblo asista en directo a los plenos.  A mi juicio, sin embargo, creo que estas modificaciones que planteamos desde el PR+ son básicas para conseguir esos objetivos de transparencia, participación y austeridad que reclaman los ciudadanos y que, por supuesto, a nuestro juicio son mucho más importantes y eficaces que la simple reducción del número de escaños del Parlamento.

 

 

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03 2014