“Si las putas no tuvieran hijos…” La ejemplaridad de la Justicia.
Antonio Martín Ferradal, magistrado del Registro Civil de Murcia
“Si las putas no tuvieran hijos, no existirían jueces ni personas de esta calaña”. Este es el explícito comentario que un ciudadano hace en la noticia publicada en un digital que informa de la sanción que el Consejo General del Poder Judicial ha impuesto al Juez único del Registro Civil de Murcia, Antonio Martín Ferradal. La verdad que no me sorprende la indignación de este ciudadano porque yo también siento la rabia de la impotencia ante la evidente injusticia que supone que el CGPJ le haya impuesto una sanción de 3.000 euros, y con eso entienda cumplida su misión.
Este señor juez, funcionario público al que todos los españoles le pagamos un sueldo, se ha dedicado durante años a humillar a las funcionarias a su cargo dándoles un trato vejatorio. No contento con ello y, con ser esto grave, también humillaba constantemente a los ciudadanos, llamando despectivamente “maricones y mariconas” a los ciudadanos del mismo sexo que acudían al Juzgado a celebrar un legítimo matrimonio, calificando de “putas” a las mujeres que, siendo solteras, acudían a inscribir a sus hijos en el registro o calificando de “gentuza” a los ciudadanos que solicitaban la nacionalidad española. Estas son solo algunas perlas de las muchas que ha ido cultivando este funcionario público durante muchos años. Demasiados años sin que nadie hasta ahora haya hecho nada para remediarlo. Cuando por fin los funcionarios se deciden a incoar la correspondiente denuncia, la respuesta del Consejo General del Poder Judicial no puede ser más decepcionante y poco ejemplar.
¿Alguien se imagina un árbitro de fútbol que se dedique durante años en los partidos a llamar maricones a los jugadores que se tiñen el pelo, por ejemplo, o que les ponga la zancadilla cuando van con el balón? ¿Qué pasaría con un director de banca que llamara zorras, por ejemplo, a las clientas de su sucursal que fueran con minifalda, o que calificara de chorizos a los inmigrantes que fueran a ingresar sus nóminas?… Pues que seguramente, como en el Poder Judicial, les pondrían una pequeña multa, y continuarían en sus puestos de trabajo. ¿O acaso no?
Todos conocemos la respuesta a esos hipotéticos casos, por lo tanto, ¿qué razones puede esgrimir el Poder Judicial para que, en su seno se establezca un corporativismo tan repugnante?, ¿qué razones hay para que, en la función pública, un individuo no pierda jamás sus derechos y prebendas, ni mucho menos su puesto de trabajo, por muchas fechorías que cometa?
Un magistrado no deja de ser un funcionario público, un empleado de todos los ciudadanos al que, por cierto, le pagamos un sueldo más que digno, como para encima tener que consentir y tolerar que haga mal su trabajo, que se deje influir por su propia ideología, que se someta a los criterios e intereses de determinados grupos políticos o de poder económico y mucho menos que se dedique a insultar a quienes le pagan el sueldo. Estas situaciones no se producen solo en Murcia; en toda España se suceden a diario situaciones similares y, en nuestra propia Comunidad, en los juzgados de Logroño, Calahorra o Haro, conocemos casos parecidos aunque no sean tan descarados.
Y no es algo que suceda solo en los juzgados. En cualquier oficina pública nos encontramos con personajes, pagados con el dinero de todos, que son intocables por muchas barbaridades que cometan, (me viene a la mente el caso de un funcionario municipal emparentado con un juez logroñés que tiene más poder real que la alcaldesa) y que nunca se ven privados de sus privilegios y ni siquiera amonestados por sus superiores.
El caso del Magistrado Martín Ferradal es uno más, no es una anécdota. Es cierto que también encontramos a muchos, muchísimos funcionarios públicos con los que da gusto tratar y que atienden a los ciudadanos con una paciencia y una profesionalidad exquisita, pero ¡coño!, eso no es ningún mérito, es su trabajo.
Lo que no tiene un pase es la decisión del CGPJ, su repugnante corporativismo con todos estos personajes públicos a los que la aprobación de una oposición, no puede darles patente de corso para hacer lo que les dé la gana y, como mucho, cuando resulta intolerable, se les aplique una sanción que es bastante menos que el sueldo que les pagamos todos los meses.






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