Un año más, los trámites que se siguen en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja han sido objeto de polémica pública y de enfrentamiento entre productores y comercializadores. Durante los últimos años, el sector productor ha amagado varias veces con la posibilidad de no dar su apoyo a los presupuestos del Consejo Regulador y, año tras año, el sector comercializador ha insistido en que no aprobar los presupuestos significaba abandonar la promoción del Rioja que es absolutamente fundamental para garantizar las ventas en un momento crítico para el conjunto del sector vitivinícola riojano.
Con ese argumento, las bodegas han presionado todos los años a los productores y, de una forma u otra, conseguían que aprobaran los presupuestos de promoción. Un año prometían una cosa, al año siguiente se comprometían con alguna otra pero el caso era conseguir el apoyo definitivo a unos presupuestos que son esenciales para las bodegas. No importaba que esos compromisos no so cumplieran nunca, lo importante era liberar las partidas presupuestarias necesarias para promocionar sus vinos.
Lo cierto es que, todos, absolutamente todos los compromisos que el sector comercializador ha ido adquiriendo estos años con los viticultores a cambio de que aprobaran los presupuestos, se han incumplido de forma sistemática. Las bodegas no han realizado ningún esfuerzo para conseguir la transparencia del mercado del Rioja acordada por la Interprofesional; el Observatorio de precios, que también se comprometieron a constituir, finalmente ha sido boicoteado por las propias bodegas; los contratos por escrito fueron una auténtica burla perpetrada con alevosía y premeditación que ha quedado ya absolutamente olvidada y los precios de la uva, a pesar del crecimiento de las ventas, siguen estando por debajo del coste de producción.
A pesar de esos reiterados y premeditados incumplimientos, este año vuelve a suscitarse la polémica y, en el momento en que los agricultores rechazaron aprobar los presupuestos, han llovido las declaraciones críticas, en forma de artículos firmados por el gerente del Grupo Rioja que representa al sector bodeguero y a través, también, de declaraciones del propio Presidente del Consejo Regulador, con las que se trata de demonizar a los viticultores, acusándoles de temerarios e insolidarios con el conjunto de la DOC por no haber aprobado su presupuesto de promoción y responsabilizándoles, de antemano, por la posible pérdida de ventas que pueda sufrirse en el futuro.
Esa actitud prepotente, cargada de chulería y falsedad, que trata de responsabilizar al sector productor de todos los males que puedan venir en el futuro, creemos que justifica plenamente, por sí sola, la posición adoptada por estos en el seno del Consejo. Una posición que, desde el Partido Riojano, comprendemos, compartimos y apoyamos, especialmente en la situación insostenible en que se encuentran los viticultores.
No hace mucho tiempo, el propio gerente del Grupo Rioja, declaró públicamente que las bodegas son las que aportan el mayor valor añadido a los vinos de Rioja, por lo que parece justo que, si es así, sean también las bodegas las que aporten el mayor porcentaje de los gastos de promoción en el presupuesto del Consejo, sobre todo si tenemos en cuenta que esa actividad de promoción cada vez se centra más en promocionar determinadas marcas en detrimento de una promoción genérica de los vinos de Rioja. Pero, sin embargo, a los viticultores, se les está exigiendo un esfuerzo económico para promoción, muy superior al valor añadido que tiene su producto.
En definitiva, lo que estamos viendo es que los agricultores ponen todo, puesto que son los que limitan la producción, los que bajan los precios y, encima, se les pide que paguen unos gastos de promoción que, cada día es más marquista que genérica, mientras que las bodegas no cumplen ni uno solo de sus compromisos.
Queda cada vez más claro que la Interprofesional del vino de Rioja solo tiene utilidad para las bodegas; para conseguir que los productores les paguen la promoción en una parte que, por el valor añadido de sus productos, le correspondería claramente a las bodegas. Esa es la principal utilidad que, en estos momentos tiene la Interprofesional, además, claro está de para que las bodegas puedan seguir controlando, con su veto, las decisiones del Consejo Regulador.
Ante esta situación, desde el Partido Riojano comprendemos perfectamente la postura adoptada por las asociaciones agrarias y consideramos que, ahora más que nunca, es necesaria una verdadera unión del sector productor.
Creemos también que las Cooperativas se están equivocando al rechazar esta postura conjunta, puesto que esa unidad les daría la fortaleza suficiente para soportar mejor la presión de compra que ejercen desde algunas grandes bodegas. Una presión que, muchas veces, es un auténtico chantaje que se utiliza para condicionar la postura de estas cooperativas en la Interprofesional y en el Consejo.
Y mientras todo esto sucede en uno de los sectores económicos primordiales de nuestra región, lo único que es capaz de hacer el Gobierno de La Rioja es contemplar impávido la complicada situación que se produce en la Denominación, protegiendo en la mayoría de los casos a los más poderosos.
Y, cuando decide actuar, a lo más que llega es a hacer inútiles visitas propagandísticas, con la indispensable foto de rigor, al ministro de Agricultura.
El Gobierno siempre apela a que el funcionamiento de la Interprofesional y del Consejo no le compete y que lo que allí suceda es asunto del sector, sin embargo todos sabemos que eso no realmente así y solo hay que recordar el papel preponderante que el propio Gobierno, mantuvo en el nacimiento de la Interprofesional.
Por eso, ante esta situación, desde el Partido Riojano, creemos que es necesario revisar lo que está haciendo la Interprofesional, así como el procedimiento de toma de decisiones y si, verdaderamente, está cumpliendo las funciones para las que fue creada y, por lo tanto, si merece la pena seguir manteniendo su actividad.
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